lunes, 11 de enero de 2010

EL GOBIERNO NO ES EL DUEÑO DEL ESTADO




Transcurría el mes de abril del año 1986. En ejercicio de mis funciones en la Subsecretaría de Turismo de la Nación, realicé un viaje a una provincia del interior profundo de nuestro país con el fin de realizar gestiones inherentes a mi cargo con el gobernador y con el intendente de la ciudad capital, para luego iniciar el retorno hacia Bs. As. con el tiempo sumamente ajustado. El entonces gobernador, de diferente pertenencia político partidaria al gobierno de Raúl Alfonsín, dispuso que su automóvil oficial me trasladase hacia el aeropuerto provincial. En el trayecto, conversando con el conductor del vehículo, me sorprendió una maniobra sumamente imprudente. Bruscamente dobló hacia la derecha en una calle peatonal. Mi expresión fue: "Cuidado! No se puede circular por aquí!". La respuesta inmediata del provinciano fue: "Me extraña doctor, en esta provincia autoridad que no abusa pierde prestigio". El tramo final hacia el aeropuerto fue para mí una larga reflexión sobre la expresión sencilla, clara, profunda, humilde y sentida de quien me conducía a tomar el avión de regreso a Bs. As.
La construcción del poder democrático tiene incuestionables cimientos fundantes. La democracia en nuestro país, y en todos los países en los que impera, debe ser el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El pueblo es el estado organizado. El estado organizado es la Constitución y las leyes que reglan su ejercicio. El gobierno es parte del Estado como Poder Ejecutivo, no es su dueño. No se debe olvidar que es tan sólo uno de los poderes, así como lo son la Justicia y el Parlamento.
El Gobierno Nacional debe entender que el Estado no es de ellos, por ellos y para ellos.
En el respetuoso y equilibrado juego armónico de las instituciones del Estado, quien así lo concibe no intentará jamás encontrar ni el más mínimo resquicio para violarlo. El verdadero demócrata es un esclavo de la Constitución, esclavo de la voluntad del pueblo a través de las elecciones democráticas, esclavo del Parlamento en su entidad republicana como representante del Soberano y esclavo de la supremacía de la Justicia.
Los episodios ocurridos por la integración del Fondo del Bicentenario revelan la conducta y la decisión del gobierno nacional de sobrepasar los límites de la república y la democracia de manera temeraria, pero no sorprendente. Se ha puesto al desnudo, esta vez con consecuencias imprevisibles, la intención presidencial de eludir la vigencia del estado de derecho. Se ha generado un clima de crispación institucional, económica y social que está muy lejos de aquel mensaje de consenso que propuso la presidenta al inaugurar el Año del Bicentenario. Comienza a develarse aquella incógnita que nos planteamos sobre la conducta del gobierno nacional ante la derrota electoral del 28 de junio. El objetivo del gobierno central es mantener, aún con arrebatos, atropellos y violaciones a la Constitución y las leyes, el poder construido sobre la base de una caja que les permita con gastos extraordinarios, mantener la disciplina y la sumisión política que hasta ahora los ha acompañado. Estamos asistiendo al frenesí de un gobierno que sabe que sin estos fondos, su destino político en el 2011 es el ostracismo.
La actitud codiciosa del gobierno nacional ha cegado la posibilidad de leer antecedentes de situaciones similares, para no repetir errores en desmedro de los intereses de los argentinos. En particular quiero citar lo sucedido con el denominado “Plan Primavera" en 1988 durante nuestro gobierno de Raúl Alfonsín, donde también existían supuestas reservas excedentes porque no se cubrían los demás pasivos monetarios del BCRA, en referencias a las Letras emitidas. A inicios de 1989 la insuficiencia de tomar meramente la Base Monetaria, sin contemplar otras deudas como los pasivos monetarios totales, hizo incurrir en una devaluación masiva en febrero de 1989. Esta resolución que con convicción se adoptó, puede considerarse un error técnico, pero todas las instituciones del estado involucradas en el tema la aprobaron, sin soslayar ni menospreciar a ninguna de ellas. Nos equivocamos, lo asumimos, el resultado no fue el esperado, pero en la convicción que debía ser un ejemplo para que los que nos sucedieran en la transición democrática resolvieran los problemas económicos. Claro es que la sociedad nos reclamaba por entonces que consolidáramos los valores de la paz, la tolerancia, la seguridad individual y colectiva, el respeto inclaudicable al valor de la opinión y el ejercicio de los roles de las instituciones de nuestra nación, en la recuperada democracia que todos pretendíamos defender.
Admitimos que en política se cometen errores, pero rechazamos con profunda convicción cívica los horrores. La calificación de “conspiradores”, en lo particular me queda muy grande. No es un régimen militar el que lidera actualmente los destinos de nuestra Patria. En un régimen democrático comprendamos de una vez que no hay conspiradores. Existen ciudadanos, funcionarios, políticos, empresarios, jueces, que opinan diferente pero que deben ser respetados, dignificados y escuchados más allá de su bandería política, si la tuvieren, o personal. Agradezco al gobierno central el calificativo y supuestamente la honra que esto implica si ser conspirador es entendido como sinónimo de expresar libremente mis ideas, de publicarlas sin censura previa, de apelar al respeto a las instituciones democráticas, de defender los intereses del país más allá de las mezquindades que solo van en desmedro del bienestar general del pueblo. Sólo soy un ciudadano como ustedes que día a día se esfuerza extraordinariamente enfrentando el sacrificio a que nos somete este gobierno para defender la dignidad de los seres humanos, el respeto a la Nación Argentina, y la posibilidad de construir una sociedad libre y soberana.
Tuvimos en los ’80, antes del gobierno de Raúl Alfonsín, la generación del miedo. Luego en los ’90, la generación de la ostentación. Ahora padecemos la generación del súbdito.
Vamos a demostrarle a la sociedad, en conjunto y con respeto a los disensos de sectores, que es posible que nos crea. Que es posible recuperar valores, mística y esperanza. Que es posible que sienta que sabemos gobernar y que se puede gobernar respetando la ley y el estado de derecho. Que es posible comenzar el difícil camino de equilibrar las desigualdades sociales sin transformar a los carecientes en dependientes del reino. Que es posible salir de la opresión y gozar de la plena libertad. Que es posible demostrar que “autoridad que no abusa gana prestigio”.
Tomás Bres

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