Fotografía: gentileza de Nancy GodoyEl tan nombrado Ingreso Universal a la Niñez para familias con niños, o la Asignación Universal por Hijo, como se llama en nuestro país, por suerte goza de un amplio consenso entre los partidos políticos mayoritarios de la Argentina y de diversas organizaciones sociales (iglesia, sindicatos, universidades). En sociedades como la nuestra, donde el empleo demuestra enormes debilidades para funcionar como mecanismo de inclusión, dada su condición precaria, aparece como opción inclusiva y redistributiva. Es que la marginalidad social ya no se resuelve solamente con crecimiento y empleo. El Frente para la Victoria en sus dos mandatos se había mostrado reacio a esta iniciativa, poniendo en duda su viabilidad por su alto costo económico o cuestionando su carácter universal, lo que “llevaría a que también subsidiemos a los hijos de los ricos”. Reconocemos el mérito de su posterior implementación, el gobierno la ha hecho suya y firmado un decreto de necesidad y urgencia que la lleva a la práctica. Perdida la posibilidad de reglamentar por Ley esta iniciativa que garantizaba consensos, señalo algunas observaciones al Decreto oficial, no sin antes reconocer la trascendencia de su medida. Quizás la pérdida de la posibilidad de este consenso necesario pueda ser explicada por su obediencia dialéctica a la segmentación y enfrentamiento entre quienes acompañan al “modelo” y quiénes no, olvidando quizás la relevancia que adquiere la posibilidad de lograr un acuerdo nacional para combatir la pobreza.
La Unión Cívica Radical tiene un camino en esta propuesta, ya en el año 2003, el entonces Diputado Nacional Aldo Neri, con su Proyecto de Ley de Seguridad Social Básica proponía definir derechos sociales igualitarios y de alcance universal, por condición de ciudadanía, y no sólo por condición laboral, promover el desmantelamiento y reemplazo de buena parte de los programas asistencialistas (jefes/as de hogar, alimentarios, etc.), con reasignación de los recursos a la Seguridad Social Básica, garantizando el ingreso social básico a niños/as y adolescentes menores de 18 años, con independencia de la condición laboral de los padres y con compromiso de concurrencia escolar y control de salud, niños/as y adolescentes discapacitados, embarazadas, con compromiso de control de salud, mayores de 65 años con independencia de su historia laboral, desocupados jóvenes entre 20 y 25 años que no completaron educación secundaria y que no estudian ni trabajan, con la contraprestación de completar estudios, jefes/as de hogar con hijos a cargo, con contraprestación es laboral, de recapacitación o educativa, entre otros puntos.
En las últimas elecciones del año 2009 el Acuerdo Cívico y Social se comprometió a plantear esta iniciativa: entonces confluían diversos proyectos referidos a la temática del GEN, la Coalición Cívica, la UCR y el Partido Socialista. Se planteaba que “la paz social y la seguridad pública no llegarán mientras las políticas sociales sigan condenando a los pobres a la desigualdad y la ausencia de políticas de seguridad sigan alentando la privatización de la seguridad para los ricos y la proliferación del delito, que victimiza especialmente a los sectores populares, por eso proponemos, un ingreso mínimo de carácter universal, basado en la sola condición de ciudadanía destinado a los niños, independientemente de la situación laboral de los padres”. El hecho de haber colocado el tema en la agenda política es un logro de los partidos antes mencionados y de la Unión Cívica Radical que no debemos dejar pasar. No interesa el reconocimiento por parte del gobierno, el hecho que se lleve a la práctica de alguna manera es una batalla ganada. A pesar que muchas veces algunos medios de comunicación también pasen por alto esta cuestión. Aunque se instale esa supuesta batalla descarnada entre el gobierno y los medios, lamentablemente se escuchan voces de periodistas respetables que hablan de la “astucia de los Kirchner” y del “gol de contragolpe” para referirse a que esta medida antes ignorada por el gobierno, haya salido por decreto y no por ley, que no haya podido ser discutida y mejorada.
Aún reconociendo la trascendencia de esta medida, sería importante rediscutirla en el Congreso para fortalecerla y ampliarla en el marco de una Ley, que garantice estos derechos. Deberíamos comenzar por discutir la idea de universalidad que está tomada en el Decreto, ya que contradictoriamente deja latente una práctica discrecional, planteando una asistencia focalizada. El Artículo 2 del Decreto Presidencial enuncia que “quedan excluidos del beneficio previsto (.) Los trabajadores que se desempeñen en la economía informal percibiendo una remuneración superior al salario mínimo, vital y móvil”, sin prestar atención a la imposibilidad de poder cuantificar esos ingresos informales, dejando así en manos del gobierno la decisión de a quienes se beneficia con este ingreso. Es que la versión del gobierno de esta iniciativa tampoco garantiza que el monto de la asignación familiar será siempre igualitario, evitando sostener un mismo criterio de actualización entre los trabajadores formales y los informales que reciben esta asignación. El Decreto, en su Artículo 1, habla de un nuevo “subsistema no contributivo” del régimen de asignaciones familiares, que podría cambiarse en cualquier momento con simples decisiones políticas y administrativas lo que no acabaría con la diferencia entre ciudadanos de primera y de segunda. Aún así, la Asignación Universal por Hijo es una de las medidas más trascendentes de los últimos tiempos en materia de desarrollo social. Según el ANSES ya son 3.600.000 los chicos los que reciben esa asignación, y que impacta en 1.920.000 hogares. Para algunos especialistas ya está reduciendo en un 30% los índices de indigencia. Para algunos economistas, estaría explicando el crecimiento de un 0,5 del PIB. Aunque estas cifras queden empañadas por los mamarrachos del IDEC, seguramente se van notando avances. Uno de sus efectos positivos fue que aumentó considerablemente la matrícula escolar, requisito indispensable para poder acceder al ingreso. Pero es en este punto donde no nos queda más remedio que dudar de las estadísticas oficiales, si la matrícula aumentó en tan elevados porcentajes como dicen ¿cuál era la tasa real de deserción escolar que estábamos padeciendo? Por ello efectúe un Pedido de Informes dirigido al Ministro de Educación de la Nación, en mi buena fe y compromiso con un plan de ingreso universal. La cara más cruda de la manipulación estadística puede estar afectando también a las mediciones sobre educación. Para algunos estudios privados crece la brecha entre ricos y pobres en nuestro país, la pobreza y la indigencia sigue en niveles alarmantes que obligan a plantarlo como un tema de estado que requiere de consensos.
El gobierno nacional tiene cinco programas básicos focalizados para asistir a la población vulnerable, y existen otros provinciales y municipales:
a) Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, desde 2002 y primero con financiamiento del BM. En el pico de cobertura alcanzó a 2 millones. Hoy quedan unos 500.000.
b) Seguro de Capacitación y Empleo, para transferidos del plan anterior y que pueden capacitarse. Unos 140.000 beneficiarios
c) Plan Familias para hogares vulnerables, con muchos hijos y elevada deserción escolar. Asiste a medio millón de familias.
d) Seguridad Alimentaria, que asiste a hogares en situación de riesgo social mediante comedores comunitarios, bolsas de comida, y tickets para alimentos.
e) Pensiones no contributivas, de asistencia a personas y hogares sin amparo previsional, sin bienes ni ingresos. Unos 250.000 beneficiarios.
Pareciera que todos estos esfuerzos financiados con fondos estatales no han sido lo suficientemente efectivos para revertir el curso de la exclusión. Se torna fundamental ampliar la Asignación Universal por Hijo, rediscutirla en el Congreso y mejorarla.
Esta reflexión también surge a partir de la persecución del presidente de nuestro Partido a la que asistimos en estos días. Con cierta tergiversación o infortunio en declaraciones intentan tirar por la borda nuestra trayectoria en este tema y nuestra posición política al respecto. Como en tantos otros asuntos, practican el linchamiento para amedrentarnos. Además de los archivos de televisión, existen los archivos del Congreso, donde pueden buscar nuestros proyectos al respecto, las plataformas electorales y los libros. El concepto de “gorila” es el mejor negocio lingüístico de la historia argentina, lo que en su origen podía referirse a los que estaban contra el pueblo, después devino en la posibilidad de ser utilizado para calificar a cualquier persona en cualquier circunstancia que cometa la osadía de cuestionar alguna medida de un gobierno peronista. Practicado por lopez-rreguistas, menemistas y kirchneristas indistintamente, y sin decir que son lo mismo, los que pegan la etiqueta, le rehúyen al debate y abortan toda posibilidad de consenso. Los radicales estamos a favor del Ingreso Universal, queremos mejorarlo y garantizar su perdurabilidad como derecho y su sustentabilidad.
MARÍA LUISA STORANI
DIPUTADA NACIONAL
Fuente: http://marialuisastorani.com/
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